El Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal es una iniciativa que tiene el propósito de analizar sentencias emitidas en las distintas instancias del Organismo Judicial (OJ), generar informes periódicos y formular recomendaciones para fortalecer la administración de justicia.

El Observatorio está dirigido por un Consejo Directivo, integrado por el presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, los rectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y de la Universidad Rafael Landívar (URL), el Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Directora Residente de la Cooperación Técnica Alemana GIZ, la cual brinda acompañamiento técnico a este proyecto.

Desde el Consejo se identificarán, a través del análisis de expedientes judiciales y sentencias, áreas de mejora y se propondrán estrategias, lineamientos y acciones para el adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia Penal.

Propósitos del Observatorio de Justicia Penal

El observatorio tiene como propósito diseñar herramientas para analizar la eficacia del sistema judicial guatemalteco, elaborar una compilación de las líneas jurisprudenciales y publicar informes periódicos sobre los resultados obtenidos, con el objetivo de  formular recomendaciones orientadas a fortalecer la argumentación de las decisiones judiciales en el ámbito penal y el mejoramiento del sistema penal. 

El Observatorio propiciará espacios para la auditoría social y participación ciudadana con el fin de transparentar la gestión del Organismo Judicial. La contribución de la sociedad civil vinculada al trabajo de la administración de justicia y la coordinación interinstitucional, enriquecen el proceso de análisis y la construcción conjunta de propuestas.

Para el desarrollo del Observatorio, se han seleccionado y  capacitado a 35 estudiantes de las facultades de Derecho de la USAC y de la URL -en la ciudad capital y la sede regional de Quetzaltenango- con enfoque en el respeto de los derechos humanos. Dichos estudiantes analizarán sentencias del ámbito penal en cuatro áreas: violencia contra la mujer y femicidio; crimen organizado; violación a la Ley de Armas y Municiones; corrupción y lavado de dinero, y delitos contra la libertad de expresión.

De dicho análisis se prevé generar durante el 2017, cuatro informes temáticos e igual número de informes procesales que se referirán a los hallazgos en dichas áreas temáticas, de los cuales se considerarán:

  1. Investigación, procedimiento preparatorio e intermedio en los juzgados de Primera Instancia.
  2. Desarrollo del debate en los tribunales de sentencia.
  3. Medios de impugnación en las salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.
  4. Amparos interpuestos en procesos penales conocidos por la Corte de Constitucionalidad.

Finalmente, el grupo de trabajo elaborará una sistematización  de los problemas encontrados, que contendrá propuestas de mejora del proceso penal orientadas a la práctica desde el momento de la denuncia hasta la confirmación de la sentencia, para fortalecer el trabajo de las instituciones de justicia, tanto a nivel de tomadores de decisiones, como de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, los operadores de justicia y las Universidades en su calidad de órganos encargados de la enseñanza del derecho y formadores de nuevos funcionarios judiciales.

 

Consejo Directivo del Observatorio

   
 

De acuerdo con el artículo 203 de la Constitución Política de la república de Guatemala corresponde a los tribunales de justicia  la potestad de juzgar de conformidad con la constitución y leyes de la República y promover la ejecución de lo juzgado. El Organismo Judicial participa dentro del Observatorio a través del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial.

  La CICIG es un órgano independiente de carácter internacional, creado por Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, el 12 de diciembre de 2006, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. Ello, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala es la institución de educación superior estatal, autónoma, con cultura democrática, con enfoque multi e intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo científico, social, humanista y ambiental, con una gestión actualizada, dinámica, efectiva y con recursos óptimamente utilizados, para alcanzar sus fines y objetivos, formadora de profesionales con principios éticos y excelencia académica.

 

La Universidad Rafael Landívar es una institución de educación superior guatemalteca, independiente y no lucrativa, de inspiración cristiana, visión católica y de tradición jesuítica.
La Universidad en su búsqueda de la verdad por medio de sus funciones de investigación, docencia y proyección social, se compromete a contribuir al desarrollo integral y sostenible, transformando a la persona y la sociedad hacia dimensiones cada vez más humanas, justas, inclusivas y libres.

 

GIZ es una empresa federal que brinda servicios de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Trabaja con sociedades en desarrollo con el fin de capacitar y empoderarlas a ser protagonistas del mejoramiento de sus condiciones de vida. El trabajo se centra en el apoyo técnico para alcanzar procesos integrales, perdurables y sostenibles. Con enfoque multinivel GIZ trabaja con entes estatales a nivel nacional, departamental y municipal así como representantes de sociedad civil y sector privado.