Los indicadores de debido proceso analizan el grado de cumplimiento del debido proceso en cada una de sus etapas.

El proceso penal como un todo global
El proceso penal como un todo global

Procedimiento preparatorio

El Observatorio Judicial de la Justicia Penal tiene por objeto verificar el grado de cumplimiento de las atribuciones que el Código Procesal Penal encarga al juez de primera instancia penal, en cuanto a controlar la investigación realizada por el Ministerio Público y el respeto de los derechos de los ciudadanos sometidos a proceso durante el procedimiento preparatorio. Esta etapa pretende que el juez pueda garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos evitando injerencias indebidas en la vida privada de los ciudadanos,  el derecho a la libertad de las personas y que nadie sea arbitrariamente sometido a proceso, así como la garantía del derecho de defensa en juicio, por lo que se han construido indicadores para evaluar el cumplimiento de  cada una de estas atribuciones. Medirá la duración de la investigación, desde la denuncia, querella o conocimiento de oficio ante el juez, así como el control del plazo de investigación desde el auto de procesamiento hasta la presentación (efectiva) del acto conclusivo.

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Procedimiento intermedio

Igualmente busca analizar el grado de cumplimiento de las atribuciones, a cargo del juez de primera instancia, en cuanto a controlar el plazo de presentación del acto conclusivo y asegurar la discusión del acto presentado por el Ministerio Público y su fundamentación legal. Durante esta etapa se pueden dar algunas salidas procesales anticipadas como criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal. El uso de la sentencia por procedimiento abreviado, si el sindicado reconoce los hechos y acepta una pena inferior a 5 años.  Para el efecto el Observatorio ha creado indicadores para analizar el cumplimiento de cada uno de estos actos y la observancia de las garantías del debido proceso legal.

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Debate

El análisis en esta etapa está dirigido a establecer la duración y forma en que se diligencian los medios de prueba admitidos ante el tribunal de sentencia (unipersonal o integrado por tres jueces. Se examinarán los alegatos de apertura, examen y contra-examen a peritos, testigos y demás elementos de prueba. Asimismo se hará un análisis de los alegatos de cierre y  las peticiones al tribunal planteadas por las partes. Se analizará los tiempos y plazos de duración, la forma en que el tribunal delibera y dicta sentencia, y si celebran o no audiencia especial de reparación digna para determinar los daños y perjuicios que el condenado debe pagar a las personas agraviadas.

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Apelación Especial

En esta etapa se analizará la forma en que las salas de apelaciones conocen las impugnaciones en contra de las sentencias emitidas por los tribunales de primer grado. Se analizará el procedimiento de apelación especial desde la presentación de la apelación por el impugnante,  audiencias previas, hasta culminar en una audiencia de debate ante la Corte de Apelaciones. Se analizará, los plazos de resolución y en su caso, si existió o no el reenvío para que se repita el debate sin los vicios procesales.

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Casación

Esta etapa se analizará el procedimiento de Casación que se tramita por parte de la Cámara penal de  la Corte Suprema de Justicia. Se han construido indicadores para medir los plazos y la observancia del debido proceso durante la tramitación de este recurso.

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Amparo

Se analizará el uso de la acción constitucional de amparo dentro del proceso penal, para verificar si puede ser interpuesta en múltiples ocasiones en contra de resoluciones interlocutorias del proceso, y si paralizar o no la tramitación del proceso. El propósito es detectar si existe un uso del amparo inapropiado en el proceso penal guatemalteco y, en todo caso, verificar los plazos procesales, las causales de interposición y los efectos del amparo en las carpetas judiciales objeto de análisis. Igualmente se analizarán si es utilizada en contra de  resoluciones finales, tanto de corte de apelaciones, como de la Corte Suprema de Justicia. En todos los casos, los amparos son conocidos por la Corte de Constitucionalidad, sea en forma bi-instancial o en única instancia.

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